El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT) presentó su oposición al Proyecto de la Cámara 1115, que busca derogar la Ley 47-2021 sobre salario mínimo. Dicha ley ha sido un avance importante al establecer aumentos salariales y crear una comisión multisectorial para revisarlos conforme al costo de vida. Las justificaciones del proyecto son incorrectas, y su aprobación detendría futuras revisiones del salario mínimo, afectando directamente a la clase trabajadora. La Ley se debe fortalecer para seguir mejorando las condiciones salariales en Puerto Rico.

El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT) presentó su apoyo al Proyecto de la Cámara 186, que busca reconocer el derecho de todo empleado a desconectarse de comunicaciones

electrónicas relacionadas con su trabajo fuera de horas laborables. Le prohibiría a los patronos  exigir que sus empleados estén disponibles electrónicamente fuera de su jornada laboral, con excepción de situaciones de

emergencia o de empleos que contractualmente exijan disponibilidad continua. La legislación dispone los procedimientos de querellas y penalidades aplicables a patronos en incumplimiento. De igual manera, exige la adopción de políticas sobre el uso de dispositivos electrónicos en los entornos laborales.

El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT) presentó su oposición al Proyecto de la Cámara 1215, para establecer que cuando exista una cláusula de arbitraje obligatorio pactada en un convenio colectivo, el foro arbitral tendrá jurisdicción exclusiva para atender controversias relacionadas con violaciones al convenio. Recomendamos que la Comisión considere reformular la medida legislativa para adoptar una regla legislativa de deferencia a los procesos de arbitraje inspirada en la doctrina federal de la National Labor Relations Board.

Las recomendaciones del SPT enfatizan la necesidad de otorgarles al personal no docente un aumento salarial que responda al costo de vida y que venga acompañado de mejores condiciones laborales. También plantean que el Departamento de Educación debe priorizar la compensación de este personal dentro de su presupuesto, en reconocimiento a su rol en los servicios directos al estudiantado. Además, proponen garantizar licencias de vacaciones y enfermedad para las y los Asistentes T1 y T2, y revisar los procesos de acceso a los servicios de educación especial para evitar que estudiantes que los necesitan sean excluidos injustamente.